Seattle, EE. UU. — Uber Technologies Inc. alcanzó un acuerdo confidencial con la familia de un conductor de transporte compartido que fue asesinado por sus propios pasajeros en Seattle, lo que llevó a la desestimación definitiva de una demanda federal que durante años planteó una cuestión clave para la industria: hasta qué punto las plataformas de ridesharing deben anticipar y prevenir riesgos de violencia contra sus conductores.
De acuerdo con documentos judiciales presentados en Seattle, Uber y los familiares de Cherno Ceesay acordaron conjuntamente la desestimación voluntaria del caso, tras resolver la disputa en una conferencia de conciliación ante una jueza magistrada federal. Los términos económicos del acuerdo no fueron revelados.
La jueza federal de distrito Barbara J. Rothstein cerró formalmente el caso el miércoles, señalando que, conforme a las Reglas Federales de Procedimiento Civil, una desestimación voluntaria acordada por las partes pone fin automáticamente al litigio sin necesidad de acciones adicionales por parte del tribunal.
Un caso emblemático sobre la seguridad de los conductores
La demanda fue presentada en 2021 por los padres y la hermana de Ceesay, quienes acusaron a Uber y a su filial Rasier LLC de no adoptar medidas razonables para proteger a los conductores, a pesar de conocer los riesgos de agresiones violentas por parte de pasajeros.
Según la querella, la empresa debió haber implementado mayores controles de seguridad, como sistemas más estrictos de verificación de identidad de usuarios, filtrado de cuentas sospechosas o restricciones al uso de perfiles anónimos. Ceesay murió durante un intento de robo de su vehículo, perpetrado por dos pasajeros que solicitaron el viaje utilizando, presuntamente, una cuenta falsa.
Vaivenes judiciales y precedente legal
El tribunal de primera instancia desestimó inicialmente la demanda en septiembre de 2022, al concluir que Uber no tenía un deber legal de cuidado hacia el conductor y que el ataque no era razonablemente previsible solo por la existencia de un perfil fraudulento.
Sin embargo, esa decisión fue revocada en 2024 por un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que reinstaló la demanda. La mayoría de los jueces determinó que las empresas de transporte compartido sí tienen la obligación de ejercer un cuidado razonable al emparejar conductores con pasajeros, rechazando el argumento de Uber de que los conductores pueden simplemente rechazar viajes potencialmente peligrosos.
El tribunal de apelaciones subrayó que Uber no informa a los conductores si una solicitud de viaje proviene de un perfil sospechoso o de un método de pago anónimo, lo que limita su capacidad para evaluar riesgos antes de aceptar un servicio.
Aunque la Corte Suprema del estado de Washington se negó a responder una consulta certificada sobre el alcance del deber de cuidado de Uber, el Noveno Circuito se apoyó en una decisión estatal de enero de 2024, Barlow v. State of Washington, en la que se estableció que las relaciones caracterizadas por alto grado de control empresarial y dependencia del trabajador pueden generar obligaciones legales reforzadas en materia de seguridad.
Uber solicitó posteriormente la revisión del fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el alto tribunal rechazó el caso en octubre, dejando vigente la decisión del Noveno Circuito.
Acuerdo confidencial y cierre del caso
Según los registros judiciales, las partes participaron en una conferencia de conciliación el 9 de diciembre, presidida por la jueza magistrada Paula L. McCandlis, en la que alcanzaron un acuerdo definitivo. El juicio estaba programado para el 6 de abril, pero quedó sin efecto tras la resolución extrajudicial.
Hasta el momento, los abogados de ambas partes no han emitido comentarios públicos sobre el acuerdo.
La familia de Ceesay estuvo representada por Corrie J. Yackulic, Alexandra Caggiano y Brent Rosenthal, mientras que Uber y Rasier LLC fueron defendidos por un equipo legal del bufete Perkins Coie LLP.
El caso, Drammeh et al. v. Uber Technologies Inc. et al., número 2:21-cv-00202, fue tramitado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.
Implicaciones para la industria
Aunque el acuerdo evita un fallo definitivo, el caso deja una huella significativa en el debate nacional sobre la responsabilidad legal de las plataformas digitales respecto a la seguridad de sus trabajadores. Expertos señalan que el precedente del Noveno Circuito podría influir en futuros litigios y presionar a las empresas de ridesharing a reforzar sus políticas de verificación y protección de conductores.
La resolución pone fin a un largo proceso judicial, pero reaviva la discusión sobre los límites entre tecnología, control empresarial y deber de cuidado en la economía de plataformas.
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